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Jesús López Tapia
/Editor en jefe
HOUSTON, TX.- La Segunda Enmienda de los Estados Unidos consagra desde 1791, el derecho de todo ciudadano a poseer un arma para su defensa.
El Tribunal Supremo confirmó, en 2018, el derecho inalienable de los estadounidenses a portar armas.
Sólo debe tener 18 años, eso es todo.
Este derecho amenaza otro: el derecho a la vida.
Salvador Ramos al cumplir 18 años compró dos rifles tipo “AR-15”, semiautomáticos. Con ellos se dirigió a la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, y asesinó a 19 niños y dos maestras, el pasado martes. Luego, fue acribillado por la policía.
La organización suiza ‘Small Arms Survey’ informa que hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, es decir, hay más armas que personas, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución, que dice:
«Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido».
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), tiene por objetivo defender el derecho a poseer y portar armas, y es considerada la organización de presión más poderosa del mundo.
Sus miembros ascienden a casi seis millones de estadounidenses y la industria armamentista en este país, está valorada en 19,500 millones de dólares, según la consultora IBISworld.
Hoy la Asociación Nacional del Rifle celebra en Houston su Convención Anual y cuenta con patrocinadores del calibre del expresidente Donald Trump y del senador por Texas, Ted Cruz, quienes coincidieron en sus sendos discursos de este día en la ceremonia de apertura, en que cambiar las leyes federales sobre armas de fuego o restringir más el acceso a ellas no era la respuesta a la violencia.
“La existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos que respetan la ley”, dijo Trump. “La existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”.
Recomendaron mayor seguridad en las escuelas, incluso que los maestros vayan armados, y brindar educación mental para los alumnos.
Sin embargo, las autoridades de Uvalde confirmaron hoy que en el plan de seguridad del distrito, las escuelas de Uvalde cuentan con una amplia gama de medidas de seguridad.
“El distrito tenía cuatro oficiales de policía y cuatro consejeros de apoyo, según el plan, que parece estar fechado en el año escolar 2019-2020. También contaba con un software para monitorear las redes sociales en busca de amenazas y un software para examinar a los visitantes de la escuela”, publica el diario El País.
“Los expertos en seguridad dicen que el caso de Uvalde ilustra cómo fortificar las escuelas puede ser contraproducente. Una cerradura en la puerta del aula —una de las medidas de seguridad escolar más básicas y ampliamente recomendadas— mantuvo a las víctimas dentro y a la policía afuera”.
Wayne LaPierre, director ejecutivo de la NRA, inició su discurso con un lamento por las “veintiún hermosas vidas extinguidas sin piedad e indiscriminadamente por un monstruo criminal”, refiriéndose a la matanza en la escuela primaria de Uvalde.
Sin embargo, argumentó: “Restringir los derechos humanos fundamentales de los estadounidenses que respetan la ley para defenderse no es la respuesta. Nunca lo ha sido”.
El gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick, no asistieron al evento.
Patrick envió un mensaje diciendo que no asistió para «no traer ningún dolor o pena adicional a las familias y todo el sufrimiento en Uvalde».
El gobernador, a su vez, afirmó en un video pregrabado, «como tejanos y como estadounidenses nos afligimos y lloramos con estas familias».
Ambos rechazaron una nueva legislación sobre el porte de armas asegurando que «las leyes no impedirán que los malvados locos cometan estas atrocidades».
Sin embargo, cientos de manifestantes que se apostaron frente al Centro de Convenciones donde celebran su asamblea, no estuvieron de acuerdo con los oradores y protestaron por la venta sin control de armas a jóvenes estadounidenses, porque coincidieron que el derecho a portar armas no puede ni debe amenazar el derecho a la vida.
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