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Texas es uno de los estados que destaca por su desarrollo tecnológico y empieza a recibir la migración de grandes empresas tecnológicas que cada vez son más las que están abandonando California; no obstante, en una movida polémica, legisladores texanos han impulsado la creación de una «Reserva Estratégica de Bitcoin» en la que no se trata de un empresa pero sí del destino de decenas de millones de dólares de los contribuyentes para invertir en la criptomoneda. La iniciativa, promovida a través del proyecto de ley SB 21, sostiene que el bitcoin puede ser una cobertura ante crisis fiscales, déficits federales e incluso la potencial devaluación del dólar.
Durante una audiencia ante el Comité de Comercio y Negocios del Senado, el contralor estatal, Glenn Hegar, se mostró poco preparado para responder a preguntas básicas sobre el costo y la operatividad de la reserva. A pesar de que su oficina ya cuenta con la autoridad para invertir en activos digitales, Hegar señaló que, siguiendo una filosofía de inversión prudente y conservadora, hasta ahora Texas no ha incluido las criptomonedas en su portafolio.
El senador Charles Schwertner, principal impulsor de la medida, argumenta que el estado ha perdido la oportunidad de beneficiarse del meteórico ascenso del bitcoin. Algo que el país de El Salvador ha demostrado aprovechar inteligentemente. Según Schwertner, el activo digital representa «la mejor opción» frente a un futuro en el que las monedas fiduciarias puedan perder su valor. Sin embargo, críticos advierten que la inversión en criptomonedas, basadas en lo que se conoce como la “teoría del tonto mayor”, podría derivar en serios riesgos financieros y en la exposición del erario a la volatilidad del mercado.
Mientras el proyecto de ley avanza por las instancias legislativas, el debate se intensifica entre quienes ven en el bitcoin una oportunidad de innovación y aquellos que alertan sobre los riesgos inherentes a una inversión tan volátil con dinero público. La controversia pone en evidencia la difícil tarea de equilibrar la búsqueda de nuevas alternativas de inversión con la necesidad de proteger los recursos del estado.
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